Se empadronaron más de 20 mil empresas ubicadas en la cuenca y alrededor de 13 fueron hallanadas.
Como ya se ha planteado en entradas anteriores, en el Matanza-Riachuelo parte del volumen de los vertidos contaminantes es de orden industrial y otra parte corresponde a las aguas servidas domiciliarias.
Lindante a La Boca, y cruzando el Riachuelo, en Dock Sud, se encuentra el muy peligroso polo petroquímico, iniciado en 1920, donde alrededor de 60 empresas se agolpan en 260 hectáreas.
Un importante accidente en este polo petroquímico haría desaparecer la ciudad de Avellaneda, parte de la Ciudad de Buenos Aires y el aire se volvería hipercontaminado.
Esta combinación hace de este rincón una de las áreas estratégicas más vulnerables de nuestro país desde el punto de vista de seguridad nacional.
Para bajar el nivel de contaminación del Riachuelo, antes que trabajar sobre sus aguas y su lecho, hay que hacerlo en su entorno, expandiendo la red cloacal y la red de agua potable, introduciendo el servicio de recolección de residuos domiciliarios en los asentamientos, eliminando los basurales y obligando a las industrias a una producción limpia o a construir plantas para el tratamiento de sus residuos.
La justicia había ordenado que la totalidad de las compañías ubicadas en la zona se inscribieran en un registro creado para analizar luego las características de la actividad de cada firma y su posible participación en la contaminación del área.
Se inscribieron una totalidad de 20.709 compañías, a través de una web dispuesta a estos fines, en un proceso supervisado por el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella.
Este juzgado allanó 13 empresas con el objetivo de "control industrial" por contaminación.
Asimismo, el juez Armella ordenó el desalojo de cuatro empresas, con el objetivo de "limpieza de márgenes" que estableció la Corte en su fallo.
Uno de los plazos más importantes impulsado por la Corte se cumplirá el 2 de enero del año próximo, cuando las empresas deben dejar de volcar líquidos contaminantes.
El saneamiento cloacal está atado a un crédito del Banco Mundial por 700 millones de pesos.
La Corte había ordenado, además, el 8 de julio pasado a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño sanear el Riachuelo; había fijado plazos para realizar las acciones que debe llevar a cabo la Acumar. También había dispuesto que el Juzgado de Quilmes fuera el que atendiera todos las causas referidas a la cuenca, así como también que se multara a la Secretaría de Ambiente en caso de incumplirse el plan. El máximo tribunal designó al defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, junto a un grupo de ONG para controlar las acciones de limpieza y enviar sus informes al Juzgado de Quilmes.
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